Mientras la mayoría de los panameños lucha por cubrir la canasta básica —que supera los $600 mensuales— y el salario promedio nacional apenas ronda los $800, el funcionario público Anel Miranda ha sorprendido al país al adquirir un Maserati Grecale Trofeo 2024, valorado en casi $175,000. Con un sueldo oficial de $5,400 mensuales, la compra de este vehículo de lujo plantea preguntas incómodas: ¿quién financia realmente este Maserati? ¿Hay intereses empresariales, contratos irregulares o incluso “donaciones” detrás de este inexplicable desembolso?
Un símbolo de riqueza que no cuadra con sus ingresos
La cuota mensual estimada para financiar un Maserati Grecale Trofeo supera los $3,500, más del 65% del salario declarado de Miranda. En Panamá, solo un puñado de ejecutivos privados puede permitirse este tipo de gasto sin recurrir a préstamos extraordinarios o ingresos adicionales no reportados.
“Cuando el pago de un solo activo equivale a dos o tres salarios completos, se debe cuestionar el origen de esos recursos”, señala un experto en finanzas públicas.
¿Negocios turbios o favores encubiertos?
Fuentes vinculadas al circuito hípico panameño —donde Miranda es conocido por su afición a las apuestas en carreras de caballos— aseguran que el Maserati podría ser parte de un arreglo para exonerar una deuda de apuestas que el funcionario habría contraído en 2023. Aunque no existe documentación pública que confirme este vínculo, el rumor alimenta la hipótesis de un pago encubierto a cambio de favores políticos o influencias dentro del sector.
“En el mundo hípico es común saldar deudas con bienes de lujo cuando el efectivo escasea. Pero cuando el beneficiado es un funcionario público, la sospecha de conflicto de intereses se vuelve inevitable”, comenta un dirigente de una asociación de criadores de caballos.
El patrón panameño de enriquecimiento inexplicable
Este caso recuerda otros escándalos recientes en Panamá donde funcionarios con salarios modestos emergieron con patrimonios millonarios. El principal problema, según organizaciones como Transparencia Panamá, no es solo la compra en sí, sino la falta de transparencia sobre el origen de los fondos.
Marco legal y posibles sanciones
La Ley 23 de 2015 obliga a los servidores públicos a declarar cualquier incremento patrimonial y actividad comercial. Si se comprueba que el Maserati fue entregado como pago por una deuda o como regalo de un tercero con intereses en contratos estatales, Miranda podría enfrentar sanciones administrativas e incluso cargos por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
Voces ciudadanas exigen respuestas
En redes sociales, bajo etiquetas como #QuiénPagaElMaserati y #TransparenciaYa, ciudadanos y organizaciones demandan una investigación inmediata de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público:
“Queremos saber si nuestros impuestos están financiando de manera indirecta estos lujos”, publicó un usuario en Twitter.
¿El principio de un caso mayor?
La revelación de la compra del Maserati y su posible vínculo con deudas hípicas pone en evidencia un problema sistémico: la mezcla de dinero público y privado en Panamá. El desenlace de esta investigación será crucial para determinar si el caso de Anel Miranda se convierte en un ejemplo de rendición de cuentas —o en otro capítulo más de impunidad en el servicio público.
